Quienes Somos

Nacemos y nos identificamos  con el transcurso del tiempo, nos damos cuenta que somos el resultado de todas las desigualdades generadas por el abandono y la falta de estado en diferentes partes del planeta llamando tierra.

  • Como resultado de este flajelo de desigualdades nos hemos convertido en la voz de los que no tienen voz .

  • Hemos dado y sacrificado parte de nuestras vidas .

  • Hemos perdido amigos y familiares por defender pueblos ,comunidades y naciones Esto ha generado para muchas familia, el desarraigo de sus cultura.

  • Ley 1448 Victimas Colombia. 

Con la Ley 2078 del 8 de enero de 2021 se prorroga la vigencia de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, hasta el 10 de junio de 2031, para garantizar la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia.

El presidente Iván Duque Márquez sancionó este viernes la prórroga, por diez años, de la Ley de Víctimas, la cual tendrá vigencia hasta el 10 de junio de 2031.

 

 

 

La ley, que fue aprobada a finales de 2020 por el Legislativo, determinó que “el Gobierno nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas”.

 

De la misma manera, estableció que “un año antes del vencimiento de la vigencia de esta ley, el Congreso de la República deberá pronunciarse frente a la ejecución y cumplimiento de la misma”.

Adicionalmente, en la Ley sancionada se establece que los decretos 4633, 4634 y 4635 todos de 2011 tendrán una vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031.

 

Importancia de la prórroga

Uno de los principales argumentos es proporcionarle tranquilidad a las víctimas porque hay muchas metas de reparación y restitución que faltan por cumplirse y con la nueva norma se puede avanzar principalmente en lo que tiene que ver con la indemnización individual y colectiva, y fortalecer los procesos de retorno y reubicaciones a poblaciones desplazadas por el conflicto armado.

A 31 de diciembre de 2020, el Registro Único de Víctimas tiene reconocidas 9´057.952 personas que individualmente han sido afectadas por algún hecho victimizante.

El principal reto en esta ‘nueva etapa’ es la articulación interinstitucional entre todas las entidades que hacen parte del sistema, incluyendo los fallos de la JEP y el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, señaló que “en estos objetivos se basa la Paz con Legalidad: atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas que hay registradas en el país. Es atender sus necesidades, acompañarlas de regreso a las tierras que tuvieron que abandonar por la violencia, garantizar su sostenibilidad económica y escuchar la voz de las familias étnicas y campesinas que padecieron con mayor rigor la violencia en las zonas rurales”.

Agregó Archila que en los 170 municipios priorizados por el Gobierno nacional a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, vive el 30 por ciento de las víctimas del país y resaltó que, de los 765 sujetos de reparación colectiva reconocidos en el registro nacional, 398 -más de la mitad-, están en estas regiones.

 

Antecedentes

Según informó la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ, la prórroga por diez años de la “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, que también cobija los decretos-leyes 4633, 4634 y 4635 que establecen los marcos normativos de reparación para las víctimas de pueblos indígenas, y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y gitanas, ocurrió como consecuencia de la sentencia C-588 de 2019 expedida por la Corte Constitucional, en la que decidió declarar la inexequibilidad de la vigencia original de diez años de la ley y los decretos, que habría implicado su terminación para el año 2021. Por tal motivo, la Corte exhortó al Gobierno y al Congreso de la República a tramitar dicha prórroga, so pena de que, de no hacerlo, esta se extendería automáticamente hasta el 7 de agosto de 2030.

“La prórroga que se decretó es una oportunidad para que se protejan y garanticen los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, para que ello se materialice, no basta con una mera extensión de la vigencia de este marco normativo. Como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, es necesario que se corrijan diversos errores que han frustrado u obstaculizado el cumplimiento de los fines de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de sus decretos-leyes. También se requiere que exista un compromiso real de las entidades que tienen a cargo su implementación, para que estas sean verdaderas garantes y no, como en ocasiones ha ocurrido, obstáculos para las víctimas y sus comunidades. Por último, el éxito de esta prórroga también dependerá en buena medida de una implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz y de un compromiso de todos sus actores en el cumplimiento de lo acordado en cada uno de sus puntos”, concluyó la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ.

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